La discrecionalidad termina donde empieza la arbitrariedad
El derecho europeo a una buena administración (artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea) y la prohibición constitucional de la arbitrariedad obligan a todas las instituciones democráticas: el margen de apreciación legal debe ejercerse estrictamente conforme a la objetividad, el realismo y la proporcionalidad. Cuando las autoridades administrativas instrumentalizan la letra de la ley para urdir pretextos absurdos, bloquear derechos legítimos de los ciudadanos, encadenar justificaciones circulares, amparar privilegios indebidos o tapar sus propios errores de servicio, se comete un grave abuso de poder.
El hecho de que una norma otorgue margen discrecional no convierte en legal una decisión que desafía las leyes de la lógica, los conocimientos científicos consolidados o el sentido común elemental. Oponer subterfugios que el 99,9 % de los ciudadanos rechaza no es aplicar el derecho, sino un hostigamiento burocrático deliberado guiado por intereses espurios. Nuestra labor de investigación comienza precisamente donde la arbitrariedad se escuda tras el velo formal de la legalidad.